La innovación en la UE necesita mejoras sustanciales en muchos campos si queremos que la Estrategia Europa 2020 aporte un crecimiento sostenible e inteligente. Esta es la conclusión del informe de competitividad de la Unión por la Innovación 2011 se ha hecho público el 9 de junio de 2011 en Bruselas. Europa necesita más inversiones y más «inteligentes» tanto en la investigación y el desarrollo del sector público como del privado ya que la I+D no solo impulsa el crecimiento a medio plazo sino que también ejerce un efecto contracíclico en tiempos de crisis. Se requiere más cooperación en la investigación dentro de la UE y a escala internacional, junto con un mejor aprovechamiento de los resultados de la investigación, entre otras cosas, mediante una regulación de la propiedad intelectual más estricta. Los sistemas de enseñanza tienen que adaptarse a las necesidades de innovación de las empresas. Las PYME innovadoras y de rápido crecimiento necesitan más estímulos. Es necesario un esfuerzo concertado para avanzar a partir del prometedor historial de Europa en el campo de la innovación, abordando retos mundiales como el cambio climático. Hay que superar la diferencia en el empleo que existe entre los sexos en el campo de la ciencia y la investigación.

«Este informe subraya que el camino hacia la Unión por la Innovación es largo y difícil, y está plagado de obstáculos, pero confirma que la UE ha acordado las políticas adecuadas para llegar al final de este camino. Poner en práctica la Unión por la Innovación a nivel europeo y nacional es un imperativo económico, tan importante para el crecimiento sostenible como poner orden en las finanzas públicas,» ha afirmado al respecto Máire Geoghegan-Quinn, la Comisaria Europea responsable de Investigación, Innovación y Ciencia.

El informe analiza los puntos fuertes y débiles de los sistemas nacionales de innovación e investigación y aporta una base empírica en la que deben basarse las opciones que se elijan para las políticas nacionales.

Conclusiones fundamentales del informe

Europa necesita acelerar la inversión en investigación e innovación. La UE está avanzando lentamente hacia su objetivo de invertir el 3 % del PIB en investigación y desarrollo (2,01 % en 2009) pero la distancia respecto a nuestros principales competidores está aumentando de manera notable debido a una inversión en I+D empresarial más débil. En 2008, el 24 % del gasto mundial total en I+D correspondió a la UE (29 % en 1995). En relación con el PIB, las empresas invierten dos veces más en Japón o en Corea del Sur que en Europa.

En tiempos de crisis económica, la inversión acumulada en investigación e innovación tiene un efecto contracíclico. Los países que han aumentado sus inversiones en investigación e innovación tienen mejores perspectivas de salir de la crisis. Diecisiete Estados miembros han sido capaces de mantener o aumentar sus presupuestos de I+D en 2009 y dieciséis en 2010.

Las inversiones en innovación tienen que ser «más inteligentes». Los países que más éxito han conseguido en la innovación han centrado sus inversiones en una estrategia de especialización inteligente que ha combinado las políticas del lado de la oferta (como ayudas públicas a la enseñanza superior, I+D empresarial, capital de riesgo e infraestructuras científicas y tecnológicas) con las del lado de la demanda (como contratación pública de productos innovadores, normalización basada en el rendimiento y reglamentación procompetitiva de los mercados de productos).

La formación de personal de alta cualificación tiene que corresponder a las necesidades de las empresas.
Solo el 46 % de los investigadores de la UE trabajan en el sector empresarial (80 % en los Estados Unidos). Los Estados miembros deben adaptar sus sistemas de enseñanza para continuar aumentando el número de titulados, a la vez que aseguran una mejor correspondencia con las necesidades de las empresas.

La integración e internacionalización de la investigación aumentan el rendimiento de las inversiones. La internacionalización y la producción eficiente de excelencia científica se refuerzan mutuamente. Los flujos de conocimientos (es decir, flujos de estudiantes, copublicaciones y copatentes) dentro de Europa son un activo importante, que se reforzará a medida que se termine la construcción del Espacio Europeo de Investigación. Sin embargo, estos flujos se concentran en unos cuantos países de Europa Occidental.

Las condiciones marco deficientes dificultan que los conocimientos se transformen en productos y servicios comercializables. Europa está perdiendo terreno en la explotación de los resultados de la investigación. La UE es el primer productor de publicaciones científicas revisadas inter pares del mundo (29 % en 2009), pero el índice de crecimiento de solicitudes de patentes acogidas al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en Japón y Corea del Sur es casi el doble del de la UE. La mitad de los Estados miembros no produce ninguna patente de alta tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP). Hay que dar nuevos pasos para ofrecer una protección y una gestión de la propiedad intelectual más eficiente en cuanto a costes. En este proceso, será un inicio importante la patente de la UE que se está negociando actualmente.

Europa tiene un potencial importante de producir inventos tecnológicos que aborden retos sociales. En 2007, el 40 % de las patentes relacionadas con las tecnologías del cambio climático correspondían a la Unión Europea, lo cual muestra que la inversión en investigación y demostración en campos clave específicos, combinada con medidas de apoyo al desarrollo del mercado, puede generar nuevas tecnologías e innovaciones. Este es el espíritu que anima a las «cooperaciones de innovación europea» lanzadas por la Unión por la Innovación.

Necesitamos PYME más innovadores y con un crecimiento más rápido

La UE necesita alcanzar a los Estados Unidos en la intensidad de la investigación de las industrias de alta tecnología y de tecnología medio-alta. En otras palabras, necesita un cambio estructural, tanto dentro de los sectores como entre sectores. Algunos países europeos, como Austria y Dinamarca, han conseguido este cambio estructural pasando a una economía mas intensiva en conocimientos. Muchos de estos países también se han recuperado mejor de la crisis económica. Todos ellos tienen una característica común que explica su éxito: PYME innovadoras y de crecimiento rápido que se benefician de la excelencia científica de la investigación pública y de unas condiciones marco favorables para trasladar conocimientos al mercado.

The Earth’s ecosystems are the natural foundation of human civilization

The United Nations Environment Programme (UNEP) and the Chinese Academy of Sciences (CAS) today co-organized a High-level International Forum on Ecosystem Management and Green Economy. The forum aimed to contribute to the success of the United Nations Conference on Sustainable Development, popularly known as Eio+20, by highlighting the pivotal role of ecosystem management in the development of a Green Economy in China and other developing countries. For this, the Forum has come out with a communiqué which recognizes this role and recommends actions to be taken at Rio+20.

Addressing the forum, Mr. Zukang Sha, UN Under Secretary General in charge of the UNDepartment of Economic and Social Affairs and Secretary General of Rio+20, pointed out that the Forum’s outputs would form a key input to Rio+20, in the context of the urgent need to protect and restore the world’s ecosystems.
Mr. Sha recognized that ecosystems are the foundations of human life and livelihoods, but for too long, humanity has ignored this fundamental truth at its own peril, and the Earth ecosystems have been altered more rapidly and extensively than ever before. He stressed that the sustainable management of ecosystems will play a critical role in advancing green economies worldwide.
This week the UN Environment Programme (UNEP) launched its flagship report in Beijing entitled, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. The Report demonstrates that governments and businesses alike are taking steps to accelerate a global shift towards a low-carbon, resource-efficient and socially inclusive green future.
In his opening remarks, Mr. Achim Steiner, UN Under Secretary General and UNEP Executive Director, pointed out that the Green Economy is an opportunity for developing countries, including China, to create economic and job opportunities.

Mr. Steiner highlighted the critical role that ecosystem management plays in the development of a Green Economy, quoting examples from, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), a broad partnership hosted by UNEP, which has supported the analysis of UNEP’s Green Economy Report and which is a major international initiative to draw attention to the global economic benefits of biodiversity as well as to highlight the multi-trillion dollar costs of biodiversity loss and ecosystem degradation.
Mr. Steiner stressed the timeliness of this Forum, in the context of the upcoming UN Climate Change Conference in Durban and Rio+20 in Brazil in June, and hoped that the Forum would offer an opportunity to produce value-added recommendations, including the need for renewed political commitment at Rio+20 which would give ecosystem management the political weight and significance it deserves.

Vice President Ding from the Chinese Academy of Sciences (CAS) pointed out that in Chinese culture harmony between humans and nature was of utmost importance and that this has been reflected in the Chinese Government’s policies in recent years where the focus has been the development and advancement of the ecological civilization.
Mr. Ding lauded UNEP’s efforts in developing concepts such as Ecosystem Based Adaptation (EBA), Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) and the Green Economy, all of which play critical roles in the development of an eco-civilization.

China’s Vice Minister of Environmental Protection, Mr. Ganjie Li, told participants that China is keen on contributing to the development of a global eco-civilization. He pointed out China’s policies, including those of eco-zoning and eco-compensations, demonstrate this commitment.
In his address, Professor Honglie Sun, Academician of CAS and Director of the Advisory Committee of Chinese Ecosystem Research Network (CERN), outlined the history of ecological study in China. He emphasized on the need for ecological networks, such as CERN, which support policy making and suggested CERN as an important infrastructure in assisting other developing countries in establishing similar networks.
The day-long forum brought together a wide range of experts from across the world, including Sir Crispin Tickell from the United Kingdom, Julia Marton-Lefevre, Director General of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), Professor Richard Odingo from Kenya, Dr. Arthur Hanson, International Chief Advisor of the China Council for International Cooperation on Environment and Development (CCICED), Björn Roland Stigson, President of World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Lars-Erik Liljelund, Executive Director of The Foundation for Strategic Environmental Research and Franz Tattenbach, President of the International Institute for Sustainable Development (IISD)
Through intensive discussions, participants of the Forum reached the following conclusions:

The Earth’s ecosystems are the natural foundation of human civilization. A robust, healthy and sustainable ecosystem is a prerequisite to secure the development of a Green Economy. 

Ecosystems have been profoundly degraded over the last 50 years and pressure on them continues unabated. Some of the key ecological processes have exceeded their thresholds, which may lead to the collapse of some vulnerable ecosystems. This poses threats to lives, livelihoods and economic development and demands urgent action.

Concrete evidences show that ecosystem management can halt and reverse this increasing degradation of ecosystems. It can also provide economic and job opportunities, particularly for developing countries. 

There is clear evidence that many key issues of the Green Economy development are critical for addressing ecosystem management. 

There are already ecological networks, mechanisms, methods and tools in place to promote the role of ecosystem management for development of the Green Economy.


Based on the key findings reflected through an issues paper, the Forum has proposed the following recommendations to be acted on at the Rio+20 summit:

Political commitment at the highest level is urgently needed if ecosystem management is to have the adequate weight it deserves in the Rio+20 arrangement;
2. Political support and appropriate governance structures are needed for improved synergies between ecosystem management and the Green Economy in developing Rio+20 policy frameworks; 
3. Adequate financial, technological and knowledge resources must be allocated, including in national policy-setting, awareness-raising, capacity-building and planning and practices, particularly in developing countries;
4. Building capacity and ecological infrastructure in developing countries, such as Africa, is a prerequisite for enhancing ecosystem management and promoting the Green Economy.

Ecosystem Management is “an integrated process to conserve and improve ecosystem health that sustains ecosystem services for human well-being”. It places particular emphasis on integrating human needs with conservation practices, and recognizes the inter-connectivity between ecological, socio-cultural, economic and institutional structures in developing solutions. It fosters community ownership of problem resolution efforts to maintain ecosystem services. It uses many different tools and media (such as governance structures and stakeholder engagement, policies and protocols, strategies and practices), guided by principles that help define the management framework that are targeted to achieve multiple benefits of ecosystem restoration, livelihood improvement and job creation. It is based on cross-cutting and apolitical principles that can be applied across a wide range of scales. The approach is increasingly being used by many developing countries and has been written into international agreements.

Source UNEP

El Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales 2010 pone de manifiesto los progresos de los países emergentes

Patrimonio casi exclusivo de las universidades de países occidentales durante mucho tiempo, las ciencias sociales van ganando terreno en las naciones de Asia y América Latina, según un informe publicado conjuntamente por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y la UNESCO. En esta publicación, titulada “Las divisorias del conocimiento”, se hace un balance a escala mundial del estado de las disciplinas que integran esas ciencias.

Según el Informe, las revistas especializadas editadas en América del Norte y Europa Occidental siguen representando el 75% de las publicadas en todo el mundo, y el 85% de las mismas están redactadas total o parcialmente en inglés. La cuarta parte de esas revistas se editan en Estados Unidos, y las dos disciplinas sobre las que se publican más artículos en todo el mundo son la economía y la psicología. Las dos terceras partes de las revistas de ciencias sociales del mundo entero se editan en cuatro países: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Alemania.

El Informe de la UNESCO y el CICS pone también de manifiesto las tendencias contrastadas que se observan en las distintas regiones del mundo. Las ciencias sociales se están desarrollando en países como China, la India y Brasil. En este último país, por ejemplo, el número de investigadores en ciencias sociales se multiplicó prácticamente por tres en el último decenio. En China, el presupuesto dedicado a las ciencias sociales y humanas ha venido aumentando entre un 15% y un 20% anual desde 2003.

A pesar de los desequilibrios existentes en materia de publicaciones e investigadores, el Informe observa que la progresión más fuerte del número de artículos publicados se dio en América Latina y Europa. En cambio, las ciencias sociales han experimentado un retroceso importante en la Federación de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes (CEI) desde la desintegración de la Unión Soviética: el número de investigadores ha disminuido, su promedio de edad ha aumentado considerablemente y las universidades rusas tienen muchas dificultades para atraer a los jóvenes con talento. En el África Subsahariana, el 75% de las publicaciones dedicadas a las ciencias sociales emanan de un grupo reducido de universidades ubicadas principalmente en tres países: Sudáfrica, Kenya y Nigeria.

Esta situación explica, en parte, la fuga de cerebros observada en África, aunque esta región no es, por supuesto, la única afectada por este fenómeno. Con respecto a la fuga de cerebros, el informe señala también que en Estados Unidos uno de cada tres doctores en economía y casi uno de cada cinco doctores en ciencias sociales son oriundos de países extranjeros

“Los trabajos de los especialistas en ciencias sociales son de notable calidad y de un gran valor práctico, pero el conocimiento científico de la sociedad, tal como señala el Informe, suele ser el que menos desarrollado está en aquellas partes del mundo donde más perentoriamente se necesita”, dice la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova, en su prefacio a la publicación. “Asimismo, los esfuerzos realizados en el campo de las ciencias sociales, al tender a concentrarse demasiado en los países de cultura anglosajona y habla inglesa, no dan todos los resultados que cabría esperar. De esta manera, se está desperdiciando la oportunidad de explorar perspectivas y paradigmas arraigados en otras culturas y lenguas”.

Según el Informe, el mundo necesita más que nunca recurrir a las ciencias sociales para afrontar los grandes problemas de la humanidad, desde la pobreza hasta las epidemias, incluyendo problemas medioambientales. Debido a las disparidades en materia de investigación existentes entre los Estados, las ciencias sociales no responden a esos problemas en la medida en que deberían hacerlo. Centenares de científicos sociales del mundo entero han contribuido con sus conocimientos especializados a la realización de esta publicación.

“Las ciencias sociales han cobrado una dimensión verdaderamente planetaria porque se enseñan prácticamente en todas las partes del globo y porque los resultados de sus investigaciones son objeto de una amplia difusión”, dice Gudmund Hernes, Presidente del CICS. Al mismo tiempo, señala que han sido objeto de críticas frecuentes por no haber sabido prever acontecimientos tan importantes como la caída del Muro de Berlín en 1989 o la crisis financiera de 2008. No obstante, Hernes estima que “para afrontar los desafíos actuales y futuros y tratar eficazmente los problemas mundiales y locales, es vital contar con más trabajos en ciencias sociales y mejorar su calidad, esto es, tratar de comprender cómo funciona el mundo a partir de las formas de interacción de los seres humanos”.

Con respecto al Informe, en el que se señalan los progresos ya realizados y por realizar, Irina Bokova ha declarado: “Con este documento la UNESCO reitera su compromiso en favor de las ciencias sociales. Nuestra Organización desea establecer un nuevo programa mundial con vistas a promoverlas, en su calidad de instrumentos de inapreciable valor para coadyuvar al progreso hacia los objetivos del desarrollo acordados por la comunidad internacional”.

The social sciences, which were dominated by western universities for a long time, are gaining ground in Asia and in Latin America, according to a report by the International Social Sciences Council (ISSC), published jointly with UNESCO. Entitled “Knowledge Divides”, it is a worldwide status report about these disciplines.

According to the study, North America and Europe still publish 75% of social science journals worldwide, with 85% of them partially or totally in English. A quarter of them are published in the United States. The disciplines that are the subject of greatest number of publications in the world are economics and psychology.

Two-thirds of social science journals in the world are published in the United States, the United Kingdom, the Netherlands and Germany. The UNESCO and ISSC report highlights contrasting developments in the different regions of the world. Social sciences are developing in countries such as China, India and Brazil.

Thus, in Brazil, the number of social science researchers has practically tripled in the last ten years. In China, the Social and Human Sciences budget has increased by 15 to 20% a year since 2003. Despite this imbalance, the authors observe that the strongest growth in the number of articles published is in Latin America and Europe.

On the other hand, the Russian Federation and Commonwealth of Independent States have seen a sharp drop since the disappearance of the Soviet Union, due to the falling number of researchers and their ageing, while Russian universities struggle to attract new talent. In Sub-Saharan Africa, three quarters of publications in the field of social sciences are from a few universities that are mainly located in three countries; South Africa, Kenya and Nigeria.

This situation can be partly explained by the brain drain, even if Africa is far from being the only region concerned. The authors thus note that one doctor of economics in three working in the United States and nearly one doctor of social sciences in five was born abroad. “As this report illustrates, social scientific knowledge is often least developed in those parts of the world where it is most keenly needed,” said UNESCO Director-General Irina Bokova, in her foreword to the text. “Social scientific endeavour is also poorer for its bias towards English and English-speaking, developed countries. This is a missed opportunity to explore perspectives and paradigms that are embedded in other cultural and linguistic traditions.”

The authors observe that the world needs the social sciences more than ever, in order to confront the major challenges facing humanity, such as poverty, epidemics and environmental problems. Social sciences do not respond to these challenges as much as they should, mainly due to disparities in the research capacities of different countries.

However, he noted that they have been often criticized for their inability to foresee major events such as the fall of the Berlin Wall in 1989 or the 2007 financial crisis. But for him, “to face actual and future challenges and effectively address global and local problems, more and better social science is vital – i.e. understanding how the world works from the ways humans interact.” Looking beyond the progress and deficiencies noted in the report, Irina Bokova stated that “the report reaffirms UNESCO’s commitment to the social sciences, and our desire to set a new global agenda to promote them as an invaluable tool for the advancement of the internationally agreed development goals.”

Source Unesco org

Las conversaciones oficiales acerca de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) comenzaron hoy. Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, y Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, dieron comienzo a este proceso conjunto en una reunión en Estrasburgo. Debatieron cómo hacer avanzar el proceso de forma que los ciudadanos puedan beneficiarse rápidamente de una protección más fuerte y coherente de los derechos fundamentales en Europa.

«Hoy es verdaderamente un momento histórico. Estamos estableciendo las lagunas en el sistema europeo de protección de los derechos fundamentales, asegurando la coherencia entre los enfoques del Consejo de Europa y la Unión Europea,» dijo la vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de la UE responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. «La UE debe desempeñar un importante papel al seguir reforzando el sistema del Convenio sobre los Derechos Fundamentales. Ya disponemos de nuestra propia Carta de Derechos Fundamentales, que representa la más moderna codificación de derechos fundamentales del mundo. Éste es el mejor punto de partida para un acuerdo satisfactorio entre las partes negociadoras.»

«El Convenio Europeo de Derechos Humanos es el punto de referencia esencial para la protección de los derechos humanos de toda Europa. Al aceptar someter el trabajo de sus instituciones a las mismas normas sobre los derechos humanos y al mismo examen aplicado a todas las democracias europeas, la Unión Europea envía un mensaje muy potente (que Europa está cambiando) y que los más influyentes y los más poderosos están dispuestos a aceptar su parte de responsabilidad en y para este cambio,» dijo Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa.

La adhesión de la Unión Europea al CEDH pondrá a la UE en el mismo plano que sus Estados miembros con respecto al sistema de protección de los derechos fundamentales supervisado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto permitirá que la voz de la UE sea escuchada cuando los casos comparezcan ante el Tribunal de Estrasburgo. Tras la adhesión, la UE se convertirá en el firmante número 48 del CEDH. La UE tendría su propio juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Dicha adhesión ofrecerá también nuevas posibles soluciones para las personas, quienes podrán presentar denuncias (tras haber agotado la vía de los recursos nacionales) de la presuntas violaciones de los derechos fundamentales por parte de la UE ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea establece la adhesión de la UE al CEDH, prevista por artículo 59 del CEDH, modificado por el Protocolo 14.

El 17 de marzo, la Comisión propuso directrices de negociación para la adhesión de la UE al CEDH.
El 4 de junio, los Ministros de Justicia de la UE otorgaron mandato la a Comisión para que dirija las negociaciones de adhesión en su nombre. El 26 de mayo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa había otorgado un mandato ad hoc a su Comité Director de Derechos Humanos para elaborar con la UE el instrumento jurídico necesario para la adhesión de la UE al CEDH.

En adelante, los negociadores de la Comisión y expertos del Consejo de Europa y del Comité Director de Derechos Humanos se reunirán regularmente para trabajar en el acuerdo de adhesión. Al final del proceso, el acuerdo de adhesión se celebrará entre las 47 Partes contratantes del CEDH y la UE, actuando por decisión unánime del Consejo de la Unión Europa. El Parlamento Europeo, que deberá estar plenamente informado de todas las fases de las negociaciones, deberá dar su consentimiento. La celebración del acuerdo también deberá ser ratificada por las 47 Partes contratantes del CEDH con arreglo a sus respectivos requisitos constitucionales, incluso por aquellas que también son Estados miembros de la UE. Ambas partes se han comprometido a una conclusión rápida y sin problemas de las conversaciones, permitiendo que la adhesión tenga lugar tan pronto como sea posible.

Official talks started today on the European Union’s accession to the European Convention of Human Rights (ECHR). Thorbjørn Jagland, the Secretary General of the Council of Europe, and Viviane Reding, Vice-President of the European Commission, marked the beginning of this joint process at a meeting in Strasbourg. They discussed how to move the process forward so that citizens can swiftly benefit from stronger and more coherent fundamental rights protection in Europe.

“Today is a truly historic moment. We are now putting in place the missing link in Europe’s system of fundamental rights protection, guaranteeing coherence between the approaches of the Council of Europe and the European Union,” said Vice-President Viviane Reding, the EU’s Commissioner for Justice, Fundamental Rights and Citizenship. “The EU has an important role to play in further strengthening the Convention’s system of fundamental rights. We already have our own Charter of Fundamental Rights, which represents the most modern codification of fundamental rights in the world. This is a very good precondition for a successful meeting of the minds between the negotiation partners.”

“The European Convention on Human Rights is the essential reference for human rights protection for all of Europe. By accepting to submit the work of its institutions to the same human rights rules and the same scrutiny which apply to all European democracies, the European Union is sending a very powerful message – that Europe is changing – and that the most influential and the most powerful are ready to accept their part of responsibility for that change and in that change,” said Thorbjørn Jagland, Secretary General of the Council of Europe.

The EU’s accession to the ECHR will place the EU on the same footing as its Member States with regard to the system of fundamental rights protection supervised by the European Court of Human Rights in Strasbourg. It will allow for the EU’s voice to be heard when cases come before the Strasbourg Court. With accession, the EU would become the 48th signatory of the ECHR. The EU would have its own judge at the European Court of Human Rights in Strasbourg.

Accession will also provide a new possibility of remedies for individuals. They will be able to bring complaints – after they have exhausted domestic remedies – about the alleged violation of fundamental rights by the EU before the European Court of Human Rights.

The EU’s accession to the ECHR is required under Article 6 of the Lisbon Treaty and foreseen by Article 59 of the ECHR as amended by the Protocol 14.

On 17 March, the Commission proposed negotiation Directives for the EU’s accession to the ECHR. On 4 June, EU Justice Ministers gave the Commission the mandate conduct the negotiations on their behalf. On 26 May, the Committee of Ministers of the Council of Europe gave an ad-hoc mandate to its Steering Committee for Human Rights to elaborate with the EU the necessary legal instrument for the EU’s accession to the ECHR.

As of today, negotiators from the Commission and experts from the Council of Europe’s Steering Committee for Human Rights will meet regularly to work on the accession agreement. At the end of the process, the agreement on accession will be concluded between the 47 current contracting parties of the ECHR and the EU (acting by unanimous decision of the Council of the EU, the European Parliament, which has to be fully informed of all stages of the negotiations, must also give its consent). The conclusion decision needs ratification by the EU Member States. The accession agreement will also have to be ratified by all 47 contracting parties to the ECHR in accordance with their respective constitutional requirements, including by those who are also EU Member States. Both sides are committed to a smooth and swift conclusion of the talks, allowing the accession to take place as early as possible.

Source UE

La Comisión Europea ha decidido enviar a veinte Estados miembros treinta y cinco peticiones distintas para que apliquen plenamente diferentes aspectos de la legislación de la Unión Europea destinada a la creación de un mercado único del gas y de la electricidad. Estas normas tienen como objetivo aumentar la capacidad y transparencia de los mercados del gas y de la electricidad. Un mercado interconectado, adecuadamente regulado y transparente, que funcione correctamente, dotado de indicadores de precios de mercado, es fundamental a la hora de garantizar la competencia y la seguridad del abastecimiento. Un mercado único de la energía eficiente y plenamente operativo en la Unión Europea permitirá a los consumidores elegir entre distintas compañías abastecedoras de gas y electricidad a precios razonables, y permitirá el acceso al mercado de todos los proveedores, especialmente los más pequeños y los que invierten en energías renovables. También ayudará a la Unión Europea a salir de la crisis económica. Los Estados miembros en cuestión tienen ahora un plazo de dos meses para responder a las peticiones, que adoptan la forma de dictámenes motivados, con arreglo a los procedimientos de infracción de la Unión Europea. A falta de respuesta satisfactoria por parte de los Estados miembros, la Comisión podrá denunciarlos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La Comisión va a enviar un total de treinta y cinco dictámenes motivados a veinte Estados miembros, a saber: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido.
Los principales incumplimientos detectados por la Comisión son los siguientes:

- la falta de información por parte de los gestores de las redes de transporte de gas y electricidad, que en la práctica obstruye el acceso de las compañías abastecedoras a las redes;

- la inadecuación de los sistemas de asignación de capacidad de red, que impide una utilización óptima de las redes de transporte de electricidad y gas en los Estados miembros;

- la falta de coordinación y de cooperación transfronteriza entre los gestores de las redes de transporte de electricidad y las autoridades nacionales, colaboración necesaria para asignar mejor la capacidad de red en las interconexiones transfronterizas, de modo que la red eléctrica existente atienda de forma óptima a las necesidades regionales y europeas;

- los escasos esfuerzos realizados por los gestores de las redes de transporte de gas para ofrecer a los usuarios de la red la posibilidad de introducirse en los mercados ascendentes del gas (por ejemplo, desde Alemania hacia Polonia o desde Grecia hacia Bulgaria, a través de servicios de flujo inverso interrumpible (denominados también «servicios de vuelta» o «backhaul»);

- la falta de medidas ejecutorias por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en caso de violación de las normas de la Unión Europea, incluida la inexistencia de sanciones eficaces a nivel nacional;

- la inexistencia de sistemas adecuados de solución de litigios a los que puedan recurrir los consumidores; una de las premisas fundamentales de las Directivas sobre la electricidad y el gas es que todos los ciudadanos que disfruten de los beneficios del mercado único de la energía deben también poder gozar de unos elevados niveles de protección como consumidores; la falta de procedimientos transparentes, sencillos y baratos para tramitar sus reclamaciones puede generar cierta renuencia por parte de los consumidores a sacar provecho del mercado único de la energía.

Las principales infracciones consisten en el incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones jurídicas derivadas de los dos Reglamentos que se indican a continuación:

- Reglamento a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad (que entró en vigor el 1 de julio de 2004) + anexo del Reglamento (modificado por la Decisión de 9 de noviembre de 2006, que entró en vigor el 29 de noviembre de 2006);

- Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural + anexo (los Estados miembros debían dar cumplimiento al Reglamento el 1 de julio de 2006, a más tardar).

Estos Reglamentos, que, por otra parte, son directamente aplicables en los Estados miembros, tienen como objetivo garantizar el acceso no discriminatorio de terceros a las redes de transporte de gas y electricidad y exigen a los gestores de las redes de transporte que publiquen información sobre la disponibilidad y capacidad de la red y que ofrezcan la máxima capacidad de red al mercado. Además, los Estados miembros deben establecer las normas relativas a las sanciones aplicables en caso de infracción a las disposiciones de los Reglamentos.

Por otra parte, cuatro Estados miembros (Bélgica, Polonia, Rumanía y Eslovenia) han incumplido su obligación de establecer los sistemas alternativos de solución de litigios .

Los Estados miembros debían incorporar estas Directivas al Derecho nacional antes del 1 de julio de 2004, pero los consumidores de Bélgica, Polonia, Rumanía y Eslovenia siguen actualmente sin poder beneficiarse de procedimientos transparentes, sencillos y baratos para tramitar sus reclamaciones, tal como establecen estas Directivas.

The European Commission has decided to send 35 separate requests to 20 Member States to implement and apply in full various aspects of EU legislation to create a Single Market for gas and electricity. These rules aim at increasing the capacity and transparency of gas and electricity markets. A properly functioning, well regulated, transparent and interconnected market, with market price signals is crucial for ensuring competition and security of supply. An efficient and fully functional EU Single Market in energy will give consumers a choice between different companies supplying gas and electricity at reasonable prices, and it will make the market accessible for all suppliers, especially the smallest and those investing in renewable energies. It will also help the EU to recover from the economic crisis. The Member States in question now have two months to respond to the requests, which take the form of ‘reasoned opinions’ under EU infringement procedures. In the absence of satisfactory responses from the

Member States concerned, the Commission may refer them to the EU’s Court of Justice.
The Commission is sending a total of 35 reasoned opinions to the following 20 Member States: Austria, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Spain, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden and the United Kingdom.

Key violations identified by the Commission concern:

- lack of information provided by electricity and gas transmission system operators, thereby obstructing effective access for supply companies to networks

- inadequate network capacity allocation systems, preventing best possible use of networks for electricity and gas transmission in Member States

- lack of coordination and cooperation across borders by electricity transmission system operators and national authorities, which is necessary in order to better allocate network capacity on cross-border interconnections so that the existing electricity grid could best serve regional and European needs

- inadequate efforts by gas transmission system operators to offer the possibility to network users to enter upstream gas markets (such as from Germany to Poland or from Greece to Bulgaria by offering interruptible reverse flow (also known as ‘backhaul’) services

- lack of effective enforcement action by the competent authorities in Member States in case of violations of the EU regulations, including the absence of effective penalties at national level

- lack of adequate dispute settlement procedures for consumers – it is a fundamental premise of the Electricity and Gas Directives that all citizens who enjoy the benefits of the Single Market in energy should also be able to enjoy high levels of consumer protection. A lack of transparent, simple and inexpensive procedures for dealing with their complaints can lead to consumers’ reluctance to take advantage of the Single Market in energy.

The infringements concern Member States’ failure to respect their legal obligations arising from these two Regulations:

- Regulation on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity (entered into force on 1 July 2004) + Annex of the Regulation (changed by Decision 9 November 2006; entered into force on 29 November 2006);

- Regulation on conditions for access to the natural gas transmission networks + Annex (Member States had to comply with the Regulation as from 1 July 2006).

These Regulations, directly applicable in Member States, aim at guaranteeing non-discriminatory third parties’ access to the electricity and gas transmission networks. They require transmission system operators to publish information on network availability and capacity and to offer the maximum capacity of the network to the market. Moreover, Member States must lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of the Regulation.

In addition, four Member States (Belgium, Poland, Romania and Slovenia), have failed to implement their obligations to establish alternative dispute settlement mechanisms.

source UE

La Commission européenne a décidé d’adresser à 20 États membres 35 demandes distinctes pour qu’ils mettent en œuvre et appliquent intégralement différents aspects de la législation de l’UE destinée à créer un marché unique du gaz et de l’électricité. Ces règles visent à accroître la capacité et la transparence des marchés du gaz et de l’électricité. L’existence d’un marché fonctionnant de manière satisfaisante, bien régulé, transparent et interconnecté, où les prix ont un rôle de signal, est essentielle pour garantir la concurrence et la sécurité d’approvisionnement. Dans un marché unique de l’énergie efficace et pleinement opérationnel à l’échelle de l’UE, les consommateurs auront le choix entre différentes entreprises pour s’approvisionner en gaz et en électricité à des prix raisonnables, et tous les fournisseurs, en particulier les plus petits et ceux qui investissent dans les sources d’énergie renouvelables, y auront accès. Un tel marché aidera aussi l’UE à surmonter la crise économique. Les États membres concernés disposent à présent de deux mois pour répondre aux demandes de la Commission, qui prennent la forme d’«avis motivés» conformément aux règles de l’UE en matière de procédures d’infraction. En l’absence de réponses satisfaisantes de la part des États membres concernés, la Commission peut décider de les traduire devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Au total, la Commission envoie 35 avis motivés aux 20 États membres suivants: Belgique, Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie, Suède et Royaume-Uni.
Les principales violations de la législation constatées par la Commission sont les suivantes:
- le manque d’informations de la part des gestionnaires des systèmes de transport de gaz et d’électricité, qui gêne l’accès effectif au réseau des fournisseurs d’énergie;
- des systèmes d’allocation des capacités du réseau inadéquats, empêchant le meilleur usage possible des réseaux de transport de gaz et d’électricité dans les États membres;
- l’absence de coordination et de coopération transfrontalières entre gestionnaires de réseau de transport d’électricité et autorités nationales, nécessaires pour allouer de manière plus efficace les capacités du réseau au niveau des interconnexions transfrontalières, ce afin d’optimiser l’utilisation du réseau électrique existant pour satisfaire au mieux les besoins à l’échelle régionale et européenne;

- l’inefficacité des efforts des gestionnaires de réseau de transport de gaz pour offrir aux utilisateurs du réseau la possibilité d’entrer sur les marchés du gaz en amont (par exemple d’Allemagne en Pologne, ou de Grèce en Bulgarie), grâce à l’offre de flux à rebours interruptibles («backhaul»);
- l’absence de mesures exécutoires effectives à prendre par les autorités compétentes des États membres en cas de violation de la législation de l’UE, y compris l’absence de sanctions efficaces au niveau national;

l’absence de procédures appropriées de règlement des litiges pour les consommateurs – un principe fondamental des directives Électricité et Gaz est que tous les citoyens bénéficiant des avantages du marché unique de l’énergie devraient aussi bénéficier d’un niveau élevé de protection des consommateurs. L’inexistence de procédures transparentes, simples et peu coûteuses pour traiter leurs plaintes peut dissuader les consommateurs de tirer avantage du marché unique de l’énergie.

Formal complaints before the Court of Justice (Art 258)

In accordance with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the Commission has decided today to take several Member States to Court for failing to comply with their legal obligations under EU law. Before referring a Member State to the Court, the Commission first requests information from the Member State concerned and then, if necessary, formally requests the Member State to comply with EU law. More than 90% of infringement cases are resolved before they reach the Court.
Internal Market: The Commission has acted to ensure the compliance with the Treaty rules on free movement of capital by referring Austria to the Court of Justice over the acquisition of agricultural real estate in Vorarlberg (Austria). Under rules applied in the region of Vorarlberg, if a non-farmer wants to acquire agricultural land, any farmer may notify his interest to buy the land at the usual local price. No appropriate exceptions to this pre-emption mechanism are applied, making it difficult for non-farmers to invest in the region, even for agricultural purposes
Public procurement: The Commission has referred Greece to the Court of Justice over the direct award of a public service contract for the management of hazardous medical waste in Attica without following a public tender procedure in line with EU public procurement rules.
Internal Market : In order to ensure that EU citizens and businesses fully benefit from the Internal Market, the Commission has referred Belgium, Cyprus, Greece, Spain, France, Luxembourg, The Netherlands and Sweden to the Court of Justice for late implementation of the Shareholders’ Rights Directive. The Directive introduces minimum standards to ensure that shareholders of companies whose shares are traded on a EU regulated market have timely access to the relevant information ahead of the general meeting and simple means to vote at a distance.
Public procurement: The Commission has acted to ensure fair access to public contracts by referring Slovakia to the Court of Justice. The Commission considers that Slovakia has breached EU public procurement rules by not opening up a contract for legal services relating to motorway construction projects to EU-wide competition. :

Medical devices: The Commission has decided to refer Estonia to the Court of Justice for not implementing the revised Medical Devices Directive (2007/47/EC) within the deadline (December 21, 2008).
Veterinary devices: The European Commission has decided to refer Estonia to the Court of Justice for not implementing Directive 2008/13/EC (which repealed Directive 84/539/EEC on electro-medical equipment used in veterinary medicine).
VAT: The European Commission has decided to refer The Netherlands, Ireland, Finland, Sweden, United Kingdom, the Czech Republic and Denmark to the Court of Justice with regard to their failure to respect their obligations under EU law as regards VAT grouping rules. VAT grouping is allowed for the purpose of administrative simplification under the VAT Directive, which gives Member States the option to treat those who are legally independent but closely bound to one another by financial, economic and organisational links as one single taxable person.
Taxation: The European Commission has decided to refer France to the Court of Justice of the European Union for failure to comply with Community rules on the super-reduced rate of VAT for first performances and for limiting the quantity of manufactured tobacco that can be purchased in other Member States
Rail Services:The Commission has decided to refer 13 Member States (Austria, the Czech Republic, Germany, Greece, France, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) to the Court of Justice for failing to correctly implement various parts of the basic EU legislation on opening the EU’s rail market to competition, known as the “first railway package” (Directives 91/440/EEC, as amended, and 2001/14/EC). .
Environment: The Commission is taking four Member States (Belgium, Luxembourg, Germany and Greece) to the Court of Justice for failing to implement EU environmental legislation into their national laws. Belgium is being referred to Court concerning EU rules on end of life vehicles, Luxembourg concerning groundwater and drinking water legislation, Germany concerning EU rules on the access and use of spatial data related to the environment and Greece concerning landfill rules.
Asylum procedure: The Commission has referred Belgium and Ireland to the Court of Justice for not completing the implementation of EU rules determining minimum standards to be respected in the framework of procedures for granting and withdrawing refugee status.
Public sector information: The European Commission has decided to refer Poland to the Court of Justice over incorrect implementation of an EU Directive on the re-use of public sector information such as digital maps, meteorological, legal, traffic, financial, economic and other data.
Enforcing Court rulings
When, despite a first ruling by the Court, a Member State still fails to act, the Commission warns the Member State in writing. In case of continued lack of appropriate action by the Member State, the Commission may take the Member State back to Court, and can request the Court to impose a lump sum penalty and/or a daily penalty payment on the Member State concerned. This procedure is based on Article 260 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Water waste treatment: The Commission is referring Belgium back to the Court of Justice for its failure to bring the country’s waste water treatment up to the standards required by EU law. The Commission has asked the Court to impose a lump-sum fine of more than €15 million and a daily penalty payment of nearly €62,000. Despite an earlier Court ruling in the long-running case, some 40 agglomerations still remain listed as not complying with EU legislation. The Commission is also sending Luxembourg a fresh warning that it will be taken to the Court of Justice (ECJ) for the second time with the possibility of fines over the same issue. Both Member States are still not complying with the 1991 Urban Wastewater Treatment Directive, despite having been condemned by the Court of Justice for this.
Professional qualifications: The Commission has referred Luxembourg to the EU’s Court of Justice for not complying with a judgement of the Court of Justice in 2008 (C-223/08). The Court ruled that Luxembourg had failed to fulfil its obligations to implement a Directive that would extend the scope of common rules on the recognition of professional qualifications to citizens from Romania and Bulgaria. As Luxembourg has still not complied with the Court judgement and has not implemented the Directive in full, the Commission has now decided to refer the case back to the Court again will ask the Court to impose financial penalties on Luxembourg of 14 280 euros per day from the date of the first Court ruling until the second Court ruling and 4 760 euros per day from the date of the second Court ruling until Luxembourg complies with the Directive. IP number
Medical devices: The Commission has formally requested Greece to comply with a Court judgement from 2009 (C 489/06), when the Court ruled that Greece had failed to fulfil its obligations under common EU rules on harmonisation as well as the public procurement directives by rejecting offers from suppliers of medical equipment bearing the CE marking. The Commission considers that Greece has not taken the necessary measures to comply with the judgement of the Court as several Greek public hospitals still continue to reject such offers. In the absence of compliance, the Commission may refer the case for the second time to the Court and ask it to impose a lump sum or penalty payment

Article 258 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFUE) gives the Commission the power to take legal action against a Member State that is not respecting its obligations under EU law.
The infringement procedure begins with a request for information (a “Letter of Formal Notice”) to the Member State concerned, which must be answered within a specified period, usually two months.
If the Commission is not satisfied with the information and concludes that the Member State in question is failing to fulfil its obligations under EU law, the Commission may then send a formal request to comply with EU law (a “Reasoned Opinion”), calling on the Member State to inform the Commission of the measures taken to comply within a specified period, usually two months.
If a Member State fails to ensure compliance with EU law, the Commission may then decide to refer the Member State to the Court of Justice. However, in over 90% of infringement cases, Member States comply with their obligations under EU law before they are referred to the Court. If the Court rules against a Member State, the Member State must then take the necessary measures to comply with the judgment.

If, despite the ruling, a Member State still fails to act, the Commission may open a further infringement case under Article 260 of the TFEU, with only one written warning before referring the Member State back to Court. If the Commission does refer a Member State back to Court, it can propose that the Court imposes financial penalties on the Member State concerned based on the duration and severity of the infringement and the size of the Member State (both a lump sum depending on the time elapsed since the original Court ruling and a daily penalty payment for each day after a second Court ruling until the infringement